La Corporación Municipal de Boadilla, a excepción del PSOE, ha aprobado hoy durante el Pleno Municipal una moción instando a Pedro Sánchez a romper el acuerdo con PNV, ERC y Bildu que le ha permitido ser investido Presidente del Gobierno y a cumplir su promesa de recuperar la figura del delito de referéndum ilegal.

En la moción se ratifica el compromiso y respeto de la Corporación municipal de Boadilla al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, y se insta a los diputados del Congreso a que soliciten la comparecencia de Sánchez para ser interpelado sobre cuestiones que podrían poner en riesgo este ordenamiento, como se deriva de las propias afirmaciones de Sánchez durante su sesión de investidura.

En concreto, en el texto se solicita que el Presidente del Gobierno aclare qué implicaciones podría tener su intención de «querer dejar atrás la judicialización del conflicto» y si esto podría suponer «el revertir las condenas que la Justicia ha impuesto ya a los condenados por sedición» o «a aquellos que como Torra han anunciado su intención de desobedecer las resoluciones judiciales y que seguirán intentando lograr por cualquier vía la independencia de Cataluña.»

También se pretende que clarifique si cuando anunció «un nuevo tiempo para España» se refería a su intención de cambiar la Constitución sin que, como recoge la Carta Magna en sus artículos 166 y siguientes, «los españoles puedan opinar», o si su afirmación de que «la Ley no basta» significa abandonar la obligación de todo ciudadano de «denunciar delitos y comportamientos contrarios a la Ley».

Asimismo, se requiere que Sánchez explique qué significa que «se aplicará un cordón sanitario a las ideas», y si esto alude a su intención de controlar los medios de comunicación, o si su anuncio de derogar la LOMCE lleva implícita «la eliminación de la enseñanza concertada en España».

Ataques al Estado de Derecho

La Exposición de Motivos de la moción recoge numerosos ejemplos de esta posible entrada en confrontación con nuestro Estado de derecho del Gobierno de Sánchez, derivada tanto de sus propias declaraciones como de los compromisos adquiridos con sus distintos socios de investidura.
En concreto, el texto recuerda las palabras de Sánchez señalando que «hay que devolver a la política un conflicto político» dejando de este modo atrás «la judicialización del conflicto»; el anuncio de su intención de «crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña»; y la mención de nuestro país como «España federal» con distintas «identidades nacionales».


A su vez se le cuestiona que haya sido capaz de posicionarse del lado de un condenado por desobedecer las leyes y no de las propias leyes tras calificar como «zancadillas» las decisiones de la Junta Electoral Central.
Respecto a los compromisos adquiridos se destaca el Punto 4 del acuerdo entre PSOE y EAJ-PNV para «impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias».


En el mismo sentido señala el punto 2 apartado 4 del acuerdo firmado por PSOE-PSC y ERC por el que se indica que «las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, con los mismos mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político».