El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid ha fallado a favor de la decisión del Gobierno municipal del Partido Popular de negar una licencia para la instalación de un grupo de surtidores de combustible en la parcela TC2 de Valenoso, al entender que la gasolinera era contraria a lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación de surtidores de venta de combustible al por menor, que fue aprobada por el Ejecutivo local el 31 de marzo de 2017 por unanimidad de todos grupos políticos, a excepción de Ciudadanos.

El Ayuntamiento denegó la licencia al entender que no cumplía la Ordenanza específica en especial a lo relativo a las distancias mínimas que se fijan para este tipo de instalaciones respecto de las viviendas colindantes y la vía pecuaria. El solicitante de la licencia recurrió la decisión al entender que al haber obtenido previamente la licencia para la instalación de un taller de mecánica rápida, le debía ser concedida de manera automática la licencia para el centro de suministro de gasolina.

La sentencia confirma la actuación del Ayuntamiento al entender que la licencia debía cumplir la normativa de protección y evaluación ambiental establecida por los ámbitos competentes, tanto municipal, con la mencionada ordenanza, como autonómico. El promotor y recurrente ha sido condenado al pago de las costas del juicio.

Durante el proceso de tramitación de esta normativa, el Ejecutivo local mantuvo numerosas reuniones con los vecinos de la zona para intentar compatibilizar sus peticiones en contra de la instalación de la gasolinera con el ordenamiento jurídico establecido. Fruto de estas reuniones nació la mencionada ordenanza, al amparo de lo marcado en el PGOU.

“Si hubiéramos seguido las recomendaciones de los partidos de la Oposición – han explicado desde la dirección del Grupo Municipal Popular – hoy, sin duda, tendríamos una gasolinera en el Valenoso. El papel de la Oposición ha consistido en alarmar primero a los vecinos en contra de las decisiones que iba tomando el Gobierno municipal, y en sugerir después que se actuase en contra de la normativa establecida. La justicia nos ha dado la razón en nuestra pretensión de solucionar este problema siempre desde el marco de la legalidad”.